Este jueves 21 de abril, durante un punto de prensa, el alcalde Juan Rocha junto al Administrador Municipal, Patricio Contreras, y el asesor jurídico municipal, Jaime Oñate, informaron sobre el acuerdo que permitirá pagar una deuda judicial de $50 millones generada -en 2013- por la administración anterior.

De acuerdo al alcalde de Lanco, esta es una situación en la que ninguna autoridad quisiera verse envuelta, pero -desde el primer momento que se tuvo conocimiento de la causa- se han hecho todas las gestiones para evitar un nuevo detrimento del patrimonio municipal derivado de gestiones que tocó heredar, “cuando asumí como alcalde lo dije fuerte y claro, asumo el cargo con responsabilidad y eso implica hacerse cargo de problemas que no generamos nosotros, esta irresponsabilidad no tiene precedentes y dado que se ha expuesto públicamente mi imagen y la del Municipio, considero necesario aclarar este proceso”, aseguró el edil.

En este sentido, el abogado municipal, Jaime Oñate, explicó que esta demanda -que es de causa laboral- inició el 28 de marzo de 2013 por un monto de $702.000, el cual equivalía a un mes de trabajo y de prestaciones laborales del trabajador durante su último mes -previo al aviso de despido- los cuales, según informó Oñate, nunca fueron pagados, “lo que significó que el despido no tuviera efecto legalmente, ocasionando que el trabajador siguiera contratado en la obra, de modo que -lo que partió en 2013 por 702 mil pesos- a la fecha de septiembre de 2021, cuando el municipio se enteró de la causa, el monto ya bordeaba la suma de 50 millones de pesos”, reveló.

 

La Municipalidad no era el demandado principal de la causa, sino que el demandado solidario, ya que la responsabilidad venía de una relación de subcontratación con un contratista que trabajaba en la Municipalidad de Lanco. En una primera etapa, de acuerdo a Oñate, se había llegado a un acuerdo con el demandado principal, el cual no prosperó y por lo que el trabajador -en su pleno derecho- ejerció la acción laboral de demandar principalmente al contratista y solidariamente al Municipio. 

Así, el 3 de abril de 2013, el alcalde de la administración anterior, Rolando Peña, y la otra parte demandada, fueron notificados sobre la sentencia de un procedimiento monitorio, lo que significa que, “el juez vio que existían motivos plausibles con la documentación entregada, por lo que dictó una sentencia de inmediato, la notificó y de ahí nació la carga procesal para los demandados de poder impugnar la sentencia haciendo valer las circunstancias”, detalló el abogado.

Tras esta notificación, tanto la administración anterior como el deudor principal, no llevaron a cabo ninguna gestión ante la causa, quedando ambos en modo de rebeldía y sin medidas ejecutorias. Así es como inicia el juicio de cobranza el 7 de marzo de 2014, donde ambas partes tampoco tomaron ninguna acción, dictándose, por lo tanto, una sentencia firme y ejecutoriada del juicio monitorio, donde -según Oñate- ya no se podía proceder a presentar ningún recurso de nulidad.

De esta forma, la actual administración recién fue notificada en septiembre del 2021 respecto -solamente- a una actualización de la deuda, momento en el que se tuvo conocimiento de que la causa ya estaba firme y ejecutoriada, ante lo que se intentó una acción de abandono y procedimiento, sin embargo, el 30 de marzo de este año, se dictó la sentencia al respecto y no se dio lugar a esta.

Ante la imposibilidad de conseguir otra alternativa judicial, el Administrador Municipal, Patricio Contreras, contó que se presentaron estos antecedentes al Concejo Municipal para buscar una modificación presupuestaria, la cual obtuvo la aprobación unánime por parte de los concejales y concejalas en su Sesión Ordinaria N°13, el pasado jueves 14 de abril.

De este modo, posteriormente se accedió un convenio de pago con la persona afectada -cuyo monto debe ser pagado de modo íntegro- quien entendió que esta situación no era responsabilidad de la actual administración. Así, se pactó prorrogar el primer pago y las cuotas en un determinado periodo de meses, lo cual se subió ayer -20 de abril- al Poder Judicial, justo cuando se cumplieron los 10 días hábiles para pagar el monto, el cual podría haber resultado en una sanción de hasta dos meses de arresto para el actual alcalde de Lanco.

En ese sentido, “es importante comunicar que nuestro alcalde Juan Rocha no tendrá arresto efectivo, sino que va a seguir trabajando tal como lo ha hecho en estos 9 meses que ha dirigido la comuna, con toda la responsabilidad y haciéndonos cargo de temas que incluso no son responsabilidad de esta administración”, aseguró Contreras.

Asimismo, se puntualizó que esta es una reparación que se debía hacer con el trabajador humilde que -en su momento- se vio afectado por este trato que fue desfavorable en sus cotizaciones previsionales. Ahora, gracias a este convenio que se logró con el demandante, resultará más beneficioso para la salud financiera de la Municipalidad y al mismo tiempo se hará justicia, que es la voluntad de la actual administración, por lo que el alcalde Juan Rocha agradeció públicamente la compresión del trabajador afectado.

Finalmente, el edil entregó un mensaje de tranquilidad a los vecinos y vecinas de Lanco, asegurando que “este alcalde y esta administración no va a bajar los brazos y vamos a seguir trabajando, hemos sido capaces de resolver estos problemas y hemos tenido que poner la cara por situaciones de la administración anterior. Yo soy vecino de Lanco, quiero mi comuna y quiero que los recursos se puedan invertir de la mejor manera posible para nuestra gente”, concluyó el edil.